Imagen: NathanF/Flickr
En otoño de 2007, cuando el Ministerio de Sanidad tomó la decisión de incluir la vacuna del virus del papiloma humano (VPH) a cargo del sistema sanitario público (SNS), más de diez mil profesionales de la salud y varias asociaciones científicas expresaron su desacuerdo cuestionando la relación entre el costo y la oportunidad de la medida, con serias dudas sobre su capacidad, eficacia y elevado precio. Al mismo tiempo los métodos de prevención ya existentes (cribado con citología) mostraban alta efectividad y bajo coste, y deben seguir practicándose incluso en la población vacunada.
Se argumentaba además que España es un país con baja frecuencia y mortalidad de cáncer de cuello de útero; que la vacuna no es efectiva contra todos los serotipos cancerígenos; que se desconoce la inmunidad que confiere (aún no se sabe si serán necesarias dosis de recuerdo)... Pese a ello, y desde el principio, la vacuna del VPH fue promocionada ante la opinión pública, como eficaz en la prevención del cáncer de cuello uterino; una hipótesis que no se ha podido demostrar, a causa de la historia natural de la enfermedad, que tarda de 20 a 30 años en desarrollarse.
Por otra parte, cuando la vacuna salió al mercado, los estudios que documentaban su seguridad eran insuficientes. Ahora, cuando se empiezan a conocer los problemas de seguridad de la vacuna, se sabe que en España hay notificados 737 efectos adversos hasta el 10 de enero de 2012, algunos muy graves.
Por todo ello, la Asociación de Afectadas por la Vacuna del Papiloma (AAVP) ha reclamado insistentemente el reconocimiento del daño ocasionado, la incorporación del consentimiento informado y, finalmente, la retirada de la vacuna de la cartera de servicios del SNS por dos motivos principales:
- Por los riesgos innecesarios que acarrea la vacuna a una población joven y sana, cuando se dispone de medidas preventivas, eficaces y seguras, como la citología, el preservativo y la educación sexual, ya que la infección se adquiere por contacto sexual.
- Por los injustificados costes que representa para el SNS, mientras padecemos recortes indiscriminados que amenazan las prestaciones sanitarias y comprometen la equidad.
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